Cámaras de Seguridad para Comunidades de Vecinos

La instalación de cámaras en una comunidad de propietarios es legal y frecuente, pero la ley marca tres líneas que no se pueden cruzar: un acuerdo válido de la junta de propietarios, una finalidad legítima de seguridad de personas y bienes, y un respeto estricto a la normativa de protección de datos. Cumplidas las tres, el Tribunal Supremo ha avalado repetidamente la instalación en zonas comunes.

El acuerdo se adopta con la mayoría de 3/5 de propietarios y cuotas del artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, y debe reflejarse en acta. Conviene que el acta detalle el número de cámaras y las zonas que van a captar, porque eso es lo que después acredita que la instalación se ajustó a lo aprobado.

En cuanto a la finalidad, no vale cualquier motivo: debe tratarse de proteger la seguridad de las personas y los bienes comunes —robos en el garaje, vandalismo en escaleras, intrusiones—. Usar las cámaras para vigilar cuestiones ajenas a la seguridad, como si un vecino saca la basura fuera de hora, convierte un sistema legal en una infracción.

El garaje es el punto donde más incidentes se producen: hurtos de material del maletero, rascarones, intrusiones de personas que siguen a un vehículo autorizado y, en comunidades con trasteros, robos de bicicletas y herramientas. Una cámara en la rampa con visión nocturna y otra en la pasarela de trasteros cubren la mayoría de casos.

El acceso del portal es el segundo punto crítico. Con una cámara enfocada a la entrada se resuelve la duda de siempre: quién entró, cuándo y si el que forzó el buzón era un vecino o un desconocido. Si el portal tiene timbre con vídeo, se integra con el sistema para que todo quede grabado en el mismo grabador.

Lo que nunca instalamos son cámaras orientadas a la calle: es la infracción más sancionada por la AEPD en comunidades y el motivo de que multas de miles de euros caigan sobre la comunidad y no sobre el instalador.

La comunidad se convierte en responsable del tratamiento de datos personales, con obligaciones concretas: cartel informativo en cada acceso a la zona vigilada, registro de actividades de tratamiento, conservación máxima de 30 días y acceso restringido a personas designadas.

El cartel no es un detalle: sin él, la instalación es considerada irregular aunque esté aprobada en junta. Colocamos el cartel de zona videovigilada con los datos que exige la AEPD —identidad del responsable, finalidad y cómo ejercer los derechos— y dejamos constancia de la colocación.

El registro de actividades se puede generar con la herramienta gratuita Facilita_RGPD de la propia AEPD para comunidades pequeñas. Nosotros lo preparamos y te lo entregamos firmado, junto con un protocolo de qué hacer si la policía pide las imágenes: solo por requerimiento formal, nunca a petición de un vecino.